Un juzgado de Barcelona ha condenado a tres años de cárcel al propietario de un inmueble por acoso inmobiliario contra una inquilina. Además de condenarle por un delito de coacciones, la sentencia obliga a José Ramón B. M. a pagar 18.000 euros a Rosa Talón, vecina del barrio del Clot de Barcelona, por los daños y perjuicios causados. Talón explicó hace unas semanas ante el juez el calvario que ha vivido desde hace 20 años en uno de los casos de mobbing que salieron a la luz pública durante los años del boom inmobiliario.
Talón es la única vecina que queda en el inmueble y desde hace nueve años no recibe suministro de agua. El edificio ha sufrido desprendimientos en los balcones, además de goteras y grietas. Entre las estrategias de acoso, la mujer detalló que el propietario dejó de cobrarle adrede el alquiler para provocar el desahucio. En su declaración, el acusado, de 72 años, reconoció que pretendía que la mujer abandonara el piso “obviamente por las perspectivas económicas”, pero también por el “riesgo” que suponía vivir en el edificio, en mal estado. José Ramón B. M. aseguró que intentó llegar a un acuerdo con la inquilina, pero que no fue posible porque la mujer le exigió una indemnización de 40 millones.
La sentencia considera probado que el acusado ejecutó “un plan preconcebido” para expulsar a Rosa de la casa que ocupaba desde que nació. El hombre intentó “perturbar” la vida diaria de la mujer al “desentenderse” de la conservación del edificio, “tolerar la presencia deokupas” y “dejar de pagar el suministro de agua de la finca”, entre otras medidas de presión. “Todo ello”, sigue la resolución, “con la finalidad de doblegar la voluntad” de la vecina.
Pese a las reiteradas advertencias del Ayuntamiento de Barcelona, el hombre se negó a efectuar obras de reparación en el edificio. Talón empezó entonces en los tribunales una guerra contra su propietario que culminó, en 2007, con la querella que fue investigada por un juzgado y que ahora ha acabado en una condena que implica su ingreso en prisión, ya que supera los dos años de cárcel.
Talón, recoge la sentencia, sufrió “graves problemas de higiene y salubridad” al verse privada del suministro de agua corriente y se vio en la “necesidad de ir a buscar agua a la fuente o pedir ayuda a terceras personas”. Pese al “asedio” al que fue sometida, la vecina del Clot siguió viviendo en el inmueble en “condiciones penosas”, lo que, unido a los “numerosos procesos judiciales y administrativos” con los que ha tenido que lidiar, ha acabado “mermando su salud psíquica”.
